El año ominoso

“El poder público viene a ser hoy, pura y simplemente, el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de los ricos.”
 
     Una somera reflexión acerca del primer año de gobierno de Rajoy nos autoriza a pensar que su lema podría rezar así: “Haz lo que prometiste no hacer; lo que prometiste, no lo hagas”.
     El balance anual nos presenta a un gobierno que peca por acción y por omisión. Ha hecho lo que prometió que no haría (subir el IVA y el IRPF, bajar el sueldo de los funcionarios, no actualizar las pensiones, abaratar el despido, recortar en derechos laborales, en los presupuestos de educación -con subida de matrículas universitarias, y bajada en profesorado y en becas-, y de sanidad, acabar con la justicia universal y gratuita). Y, al mismo tiempo, ha dejado de hacer lo que dijo que haría (aprobar una ley de transparencia, suprimir instituciones innecesarias y gravosas para las arcas públicas como el Senado, las diputaciones o las mancomunidades).
     Estos señores gustan autodenominarse reformistas, pero sus reformas van siempre contra la mayoría trabajadora. Y las aplican en cascada, de manera que no hemos terminado de protestar contra la privatización de los hospitales, cuando nos imponen las tasas judiciales o desmantelan la educación pública. No tocan, sin embargo, lo que buena parte de la ciudadanía reclama derogar con el apoyo del sentido común: la ley hipotecaria, la de indultos gubernamentales, la electoral, la ya añosa -y añeja- Constitución, o los privilegios del clero, es decir, el decimonónico clericalismo -manifiesto en los preconstitucionales Acuerdos con el Vaticano, en la exención de pagar el IBI (incluso para edificios en explotación que reportan suculentos beneficios, como aparcamientos públicos), en la presencia de la religión en las escuelas públicas a cargo de un ejército de más de diez mil catequistas pagados del erario público pero escogidos feudalmente por la Iglesia (1), en la potestad de la Iglesia para inscribir a su nombre propiedades -el chollo de las inmatriculaciones-, o en las subvenciones millonarias para sus colegios concertados, donde, con el dinero de todos, hacen de su capa un sayo.-
     Pretenden los populares hacernos comulgar con silogismos que no son más que falacias, como éste: “Resolver una situación difícil exige adoptar medidas drásticas. Heredamos una situación económica muy difícil. Conclusión: Las medidas que estamos aplicando son duras, pero son necesarias y las únicas posibles para salir de esta situación.” Pero la conclusión adecuada es que hay que tomar medidas, sí, mas no que no haya un camino distinto al que ahora transitamos a la fuerza, una camino más solidario.
    No son de fiar estos que se erigen en defensores de la familia, pero permiten a sus amigos banqueros dejar sin techo a niños, jóvenes, ancianos y a familias enteras, arruinadas de por vida por una deuda que ni entregando su hogar quedará saldada. Han sido sordos al clamor de trabajadores, estudiantes, parados, pensionistas, médicos, docentes, investigadores, jueces... Con un país en huelga o manifestándose en la calle, sólo han buscado el aplauso de la Troika, de la Conferencia Episcopal y del ala más conservadora de la CEOE, representada por el eximio Díaz Ferrán, un ladrón de chaqueta y corbata imputado por delitos diversos de los que acabará siendo indultado. Se ha incrementado exponencialmente en estos doce meses la percepción ciudadana de que los gobiernos de los últimos años (PSOE-PP) han sido el brazo ejecutor de una oligarquía permanente y camaleónica, que sólo cambia de color y que gobierna para las élites (política, empresarial, financiera y religiosa). Esta presunta bicefalia gubernamental se ve avalada por hechos tan tozudos como la relación de indultados por ambos gobiernos (entre los que se cuentan Alfredo Sáez -lugarteniente de Botín-, los mossos torturadores o los militares condenados por el accidente del Yakolev-42); o como el acuerdo de reforma de la sacrosanta Constitución para limitar el techo de déficit y dar prioridad al pago de la deuda por encima de cualquier otra partida presupuestaria -incluidas pensiones, sanidad o educación-; o, por fin, la caza de brujas desatada al unísono contra el juez Baltasar Garzón quien pretendía arrojar luz sobre las cloacas de la dictadura de las que no han dejado de salir fantasmas en estos ya casi cuarenta años de presunta democracia. Se confirma, lamentablemente, el lúcido diagnóstico marxista acerca del tardo-capitalismo que encabeza este artículo.
     Nos deja, pues, el año una democracia herida y el desafecto de un importante sector ciudadano hacia la casta política. Y se reeditan algunas de las señas de identidad de la Década Ominosa, que vivió España bajo el yugo del indeseable Fernando VII: la represión de las libertades, la inoperancia económica y la presión de los ultra-reaccionarios, andas que llevaron a España a una de sus épocas de mayor oscurantismo y atraso económico, y polvos esos de los que vienen algunos de estos lodos.
     Democracia herida, degradada incluso a mera coartada para justificar cualquier decisión, represión o mordaza. Con los poderes legislativo y judicial sometidos al juego de intereses de la partitocracia, debilitados en su independencia, víctimas de un poder ejecutivo que, amparado en el voto mayoritario, ejerce su voluntad de espaldas a los votantes, sólo atentos a sus conmilitones y acreedores.
     Habla Rajoy de la legitimidad que le confieren las urnas (en las que, por cierto, obtuvo 233.831 votos menos que Zapatero en 2008), pero si un gobernante miente, entonces queda moralmente deslegitimado. Y si mentir es hacer algo distinto de lo que se ha prometido o decir algo distinto de lo que se cree o piensa, Rajoy ha mentido. Si quien miente es el presidente de un gobierno democrático y, además, lo hace para sacar provecho (ganar el poder), no le queda otra que dimitir. Es lo que también debió hacer Zapatero en mayo de 2010 cuando desde fuera le impusieron condiciones leoninas que no había pactado con los ciudadanos a los que se debía.
     Y en medio de este páramo, decorado con casos de corrupción que afectan a cargos públicos de casi todos los partidos, reaparecen las pataletas de los independentistas catalanes y vascos, rabietas de niños malcriados repetidas cíclicamente y que tan bien les vienen a los que mandan en Madrid y en la periferia para que hablemos de otras cosas y no de las que importan.
España sigue funcionando mal que bien a pesar de sus gobernantes. ¿Qué queda de la ejemplaridad moral de los responsables públicos, esencial en un régimen de libertades? Dicen que saldremos de la crisis, pero, en todo caso, será a costa de una regresión en derechos y del sacrificio de una generación de jóvenes, los mejores formados de nuestra historia. Sí, a pesar de las críticas reiteradas de la derechona a la educación pública, universal, integradora, gratuita, el gran resorte para superar las desigualdades de partida. Así preparaban el terreno para el desmantelamiento de la educación pública con que soñaban desde hacía tiempo.
     Es un balance triste y difícil de superar.

(1) Presencia que se verá reforzada con la LOMCE que impone una alternativa con contenido curricular -Valores éticos-. Sucesivas sentencias del Tribunal Supremo han establecido que la Ética no puede ser la alternativa a las clases de Religión: la actividad alternativa no puede ser evaluable, ni ocuparse de materias curriculares.