(Viene de «PANORAMA DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA I (Informe OCDE 2025): PRESENTACIÓN»)
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| ©El Roto-El País, 18-07-2026 |
Hace veintisiete años, escribí esta carta al director
de El País:
«Mi hijo empieza este año a cursar primaria en un colegio
público: su aula está presidida por un crucifijo como en los rancios tiempos
de El florido pensil. Quienes, como él, no opten por recibir
religión y moral católicas, se verán obligados durante el tiempo en que la
Iglesia utiliza las instalaciones del colegio y el dinero público para expandir
sus doctrinas, a rellenar este hueco semanal en su horario de cualquier manera,
pues en algunos colegios no hay nada programado como alternativa o, contando
con la buena voluntad de algún maestro, recibirán algún taller de ajedrez o
algo similar. ¿Por qué no se impone la sensatez y se imparten las doctrinas fuera
del horario lectivo, impulsándose una materia de formación religiosa común para
todos los alumnos, que afronte el hecho religioso en toda su diversidad?
La próxima primavera, volverán las fiestas religiosas y, con
ellas, las procesiones de santos y vírgenes acompañados por ayuntamientos de
todos los colores políticos, con su alcalde, provisto siempre de los símbolos
del poder, a la cabeza de estas comitivas cívico-religiosas. Y si nos perdemos
algo, nuestra cadena pública autonómica nos tendrá puntualmente informados del
fervor mariano allá donde surja. Tanta grosería debe ofender también a los
creyentes no adocenados. ¿Dónde está el respeto a las minorías? ¿Es España un estado laico?» (El País. Cartas al director, 20
de octubre de 1999)
¿Qué ha cambiado cuando han pasado casi treinta años y
nuestra democracia se acerca a la cincuentena?
La enseñanza de la fe religiosa católica, judía, evangélica
o musulmana por parte de ministros –sean un sacerdote, un rabino, un pastor, un
mulá, o cualesquiera otras personas designadas por las autoridades religiosas—
sigue estando presente en el currículo oficial y, por consiguiente, sigue
impartiéndose tanto en colegios e institutos públicos como privados-concertados
o privados sin subvención. Esto supone que quienes no desean recibir ese tipo
de contenidos, deben ocupar ese tiempo del horario semanal –una hora, al menos—
en contenidos de otro tipo, que no serán curriculares –como mucho, formación en
valores cívicos—, dado que esas autoridades religiosas también se meten en
cuáles deben ser los contenidos de esa asignatura alternativa. Por otra parte,
el Estado español es quien abona las nóminas de estos “profesores”
–catequistas, más bien— al servicio de una opción ideológica personal, como es
la religiosidad. Esto supone una grave anomalía en el sistema educativo español
en relación con la mayoría de los sistemas de los demás países europeos; no
solo Francia –un país que protege la laicidad como valor constitucional
esencial—, sino incluso en un estado teocrático como es el caso del Reino
Unido.
Desde los primeros años 2000, asociaciones como “Pi i Margall por la Enseñanza Pública y Laica” o “Europa Laica”, han expresado su
enérgica protesta por esta situación que vulnera la neutralidad de un Estado
democrático aconfesional como el nuestro. Han denunciado también estos acuerdos
preconstitucionales –pues, aunque fueron aprobados en los primeros días de
enero de 1979, tras el referéndum constitucional de diciembre del 1978, fueron
negociados y redactados previamente, recogiendo beneficios y privilegios que
han sido señalados como inconstitucionales por parte de expertos
constitucionalistas como Gregorio Peces Barba, uno de los siete padres de nuestra ya
achacosa Constitución—.
A un Estado democrático le preocupa la formación en valores
éticos y cívicos de sus ciudadanos, porque necesita ciudadanos racionales y
libres, respetuosos con las normas y con los derechos humanos universales,
conscientes de la importancia del respeto a la vida animal y al medio ambiente,
y capaces de un desarrollo personal satisfactorio, lo que incluye también una
educación para la salud corporal y mental. Se trata de valores fundados en la
racionalidad común, compartida, alcanzados a través del diálogo y el consenso. Sin
embargo, los valores (¿antivalores?) que las religiones puedan difundir es algo
que, a un Estado de derecho debe resultarle ,cuanto menos, indiferente y, en
algunos casos, hasta peligroso y perseguible por su frecuente carácter xenófobo,
intolerante, iliberal, supremacista, supersticioso, violento, machista, homófobo, y un
largo y tenebroso etcétera. Sí debe garantizar, por el contrario, una educación
cívica para todos, basada en esos valores compartidos a que hemos aludido.
Así, en la última reforma educativa llevada a cabo por
la ministra Celáa (PSOE), bajo la presidencia de Pedro
Sánchez –LOMLOE, 2020—, aunque la religión deja de contar para la promoción de
curso y para el cálculo de la calificación de cara a la obtención de becas o
ingresos en estudios superiores –¡faltaría más!—, sin embargo, sigue gozando de
esa presencia en el currículo y en el horario semanal al que antes aludíamos,
permaneciendo al mismo tiempo como una asignatura evaluable más. Aunque el
Estado dejó en manos de las autonomías la decisión de dónde ubicar la religión
en el horario semanal, la realidad es que seis años después la religión sigue
presente en los 12 cursos de la enseñanza primaria y secundaria –ESO y Bachillerato—
con, al menos, una hora semanal. Esto supone un total de ¡¡450 horas!! de religión
a lo largo de la enseñanza básica.
La única solución razonable sería la salida del currículo y su sustitución por una formación en historia de las religiones impartida exclusivamente por personal funcionario público con la formación universitaria adecuada.
(Para leer "Panorama de la educación en España 2012", clicar AQUÍ)
(Para leer más sobre Religión en las aulas, clicar AQUÏ)
