¿Se ha vuelto loco Zapatero?

El pasado viernes 25 de noviembre, el Consejo de Ministros decidió conceder el indulto a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco de Santander, actual número dos del mismo. El indulto se produce en referencia a la condena que le impuso el Tribunal Supremo de tres meses de arresto e inhabilitación, por una denuncia falsa que llevó a la cárcel a las personas que denunció en falso. El gobierno socialista cambia la condena por una multa de 600 a 3.000 euros que lo único que consigue es provocar la risa, ya que el individuo en cuestión cobró el año pasado 9,2 millones de euros (sí, has leído bien). El cambio significa que este señor seguirá cumpliendo con el requisito de “honorabilidad” que exige el Banco de España, para poder seguir siendo ejecutivo del sector financiero y poder, así, embolsarse otra mareante cantidad de millones en los próximos años. Por supuesto, tanto el Santander como la Asociación Española de Banca han manifestado su satisfacción por la decisión. Esto lo hacen los socialistas después de que el Supremo remitiera un escrito al ejecutivo desaconsejando el indulto, cuando el gobierno está en funciones y una vez pasadas las elecciones en las que se descalabraron. Visto esto, no queda otra salida para quienes estimen en algo la dignidad, que pensar que fueron pocos los cuatro millones y medio de votos que perdieron el 20-N. Su alienación, su pleitesía ante los banqueros, no hace otra cosa que dejar muy claro qué les mueve y en qué dirección. Si comparamos este caso con el del granadino Carlos Montes Neiro, quien tras pasarse más de 36 años en prisión sin cometer delitos de sangre, envejece y enferma en la cárcel esperando un indulto que nunca llega, llegamos pronto a la conclusión de que otro gallo le hubiera cantado a Carlos de haber sido banquero. En definitiva, este tipo de decisiones se cargan de un plumazo el principio de igualdad ante la ley y ponen en tela de juicio todo el sistema judicial y penitenciario del estado, centrado en encerrar a las personas que cometen cierto tipo de delitos y que pertenecen a ciertas clases sociales, mientras que pasa por alto otros de mucho mayor calado pero con más “estilo”, que son los que habitualmente cometen los banqueros y, cómo no, sus amigos los políticos. Si quieres verlos, no los busques en la cárcel, búscalos en el cóctel.
CGT-Granada

Por la ley de libertad de conciencia




El 9 de junio, Zapatero visitó a Benedicto XVI en el Vaticano. Al día siguiente leí en prensa que el Papa le había pedido que abandonara el proyecto de Ley de libertad religiosa y de conciencia. Días después, para sorpresa de los poco avisados, se remite al limbo este proyecto que, impulsado por algunos diputados socialistas, se venía gestando desde el comienzo de la legislatura. Se arguye que su tramitación no urge.
Yo pienso que, treinta años después, ha llegado el momento de legislar en este asunto a la vista del permanente debate en que se vive a cuenta de crucifijos, burkas y otros símbolos. Creo también que la ciudadanía está madura para asumir esa ley con normalidad. Ahí están los colectivos laicistas (Acel de Valladolid, Granada Laica, Europa Laica, y un largo etcétera), sindicatos, asociaciones de la enseñanza (como Ceapa o el propio Consejo Escolar del Estado), o de la judicatura (como Jueces para la Democracia), y algún partido político. Llevan décadas exigiendo, por mor de una mayor calidad democrática, una clara neutralidad en las instituciones públicas respecto a las creencias personales (que no una persecución u ocultación del hecho religioso, como pretenden algunos). Porque la democracia no es un concepto unívoco, como el de 'ser' (se tiene el ser o la nada), sino que, como el de 'bondad', admite matices y grados pues nombra un estado perfectible.
Dicha neutralidad ideológica implica, en mi opinión, al menos, estos aspectos:
• Suprimir los símbolos religiosos en las instituciones (ayuntamientos, hospitales, colegios, cuarteles, tribunales, universidades).
• Suprimir las ceremonias religiosas en actos de Estado, como funerales.
• Acabar con la presencia de cargos públicos en manifestaciones religiosas (cuando lo hagan en el ejercicio de sus funciones, y no a título personal).
• Denunciar los pre-constitucionales Acuerdos con la Santa Sede, pues otorgan privilegios económicos y educativos a la Iglesia católica (que no extensión de los mismos a otras confesiones, como pretenden los partidarios del “laicismo positivo”).
• Eliminar de la enseñanza pública la formación religiosa doctrinaria (que no la explicación filosófica e histórica del hecho religioso por profesores independientes).
• Suprimir la casilla de la Iglesia católica en la declaración del IRPF: que sean los creyentes quienes sufraguen los gastos de sus Iglesias con sus propios ingresos, y no detrayendo parte de sus impuestos (pues éstos deben destinarse en exclusiva al interés común).
Respecto a la prohibición del velo islámico, estimo más oportuna la integración que la exclusión, pues ésta conduce al atrincheramiento integrista en las propias posiciones. (El burka es otra historia, pues sí supone una evidente vejación de la mujer.) Por cierto, ¿alguien se plantea prohibir el acceso a los colegios a las monjas católicas por el hecho de ir siempre bajo tocado o velo, símbolo de su mística unión con Cristo?

ROJO Y NEGRO DIGITAL, Julio de 2010