Cartas al director

Democracia versus demagogia

Diciembre de 2015: elecciones regionales en Francia. Le Pen sitúa a la ultraderecha como el partido más votado

Como sabían muy bien los padres de la democracia ateniense (que, por cierto, era poco democrática), hace más de dos mil cuatrocientos años, la democracia es un sistema frágil. Hoy sabemos que constituye una conquista social bajo la perpetua amenaza de la demagogia (de "demos", pueblo; y "ago", dirigir). Demagogia, el gobierno de los embaucadores, encantadores de serpientes bien parecidos que azuzan el miedo y distorsionan la realidad a través de las anamorfosis que resultan de la propaganda y la desinformación. Así lo advirtió el viejo Aristóteles y así acabó el demócrata Pericles. 
Frente al paro, la pobreza, los movimientos migratorios, el terrorismo y la guerra no se levanta un discurso racional, con argumentos y matices; se impone el pensamiento único, el que conviene a los que mandan: prietas las filas, el que no está conmigo, está contra mí. 
Ahora asistimos al proceso de destrucción de las clases medias, el firme baluarte de la democracia. La demagogia campa a sus anchas en España y el resto de Europa. El siguiente descansillo en la escalera que nos conduce al sótano de la degeneración sistémica es la tiranía
Ya lo vivimos, pero lo hemos olvidado: Alemania, 1932. Después de la Gran Depresión económica de 1929, Hitler, que se había presentado a los comicios con un discurso de apoyo a la clase obrera y de defensa de la unidad y la grandeza alemanas, consiguió trece millones de votos. 
Diciembre de 2015: pobreza, atentados terroristas, llegada de refugiados a las puertas de Europa. La tiranía asoma ya su patita bajo la puerta de la vecina Francia, una de las cunas de la democracia moderna. 
Granada Hoy, 8/12/2015
El País, 9/12/2015 
Continuó creciendo, creciendo…





Alicia, curiosa, acababa de beber de un frasco que había junto al espejo, aun a riesgo de que su contenido fuera peligroso. "Estoy segura de que ha de pasar algo extraordinario (…) Y no tardó en tener que arrodillarse para caber en el cuarto (…) Mas no paraba de crecer, y como último recurso sacó una mano por la ventana y metió un pie en la chimenea, al tiempo que exclamaba: ¡Ya no puedo hacer nada! ¿Qué va a ser de mí?".

Y es que crecer no siempre es deseable. Así, en la naturaleza, junto a un crecimiento saludable, el que se detiene en el equilibrio de la madurez, existe otro mórbido del que resultan efectos malignos, un tumor o el gigantismo, pongamos por caso. ¿Por qué lo que en la vida orgánica conduce a una enfermedad y en los cuentos nos provoca miedo, ha de ser visto como algo deseable en economía?

Aquí una disminución o incluso un estancamiento siempre es considerado un mal dato, aun cuando se tome como referencia una cifra previa de ganancias exponenciales. Tanto da que sean los beneficios de la banca, como el PIB o la venta de casas, coches o teléfonos móviles. Es tal el pavor a esos “malos resultados” que ni siquiera se nombra a la “bicha” del decrecimiento, y los economistas prefieren hablar de un “crecimiento negativo”, que es algo así como un “gigante enano” (una contradictio in terminis u oxímoron).

Impera en economía un darwinismo desaforado con supervivencia del mejor adaptado que es, o acaba siendo, el más fuerte. Camina el mundo en esta lucha silvestre hacia una concentración progresiva de riqueza en manos de unos pocos Estados y, aún peor, de unos pocos especuladores que no acostumbran a consultar sus decisiones con los afectados. Ni el Planeta puede aguantar más expolio de recursos, ni sus habitantes más injusticia.

Crecer y crecer, ¿hacia dónde, hasta cuándo? Anunciaban, ufanos, nuestros dirigentes que jugábamos en la champions league de la economía mundial a la vez que sacábamos la mano por la ventana y metíamos el pie en la chimenea. ¿No sería bueno plantarnos en un equilibrio presupuestario sin más codicia? A partir de ahí, podríamos sumar nuestros esfuerzos para crecer en igualdad, justicia o alfabetización, porque aquí sí que nos arrastramos hacia un claro crecimiento negativo.


GRANADA HOY, 16 de junio de 2010(Imagen: Leonor Solans, Alicia crece)

Por la ley de libertad de conciencia

El 9 de junio, Zapatero visitó a Benedicto XVI en el Vaticano. Al día siguiente leí en prensa que el Papa le había pedido que abandonara el proyecto de Ley de libertad religiosa y de conciencia. Días después, para sorpresa de los poco avisados, se remite al limbo este proyecto que, impulsado por algunos diputados socialistas, se venía gestando desde el comienzo de la legislatura. Se arguye que su tramitación no urge.
Yo pienso que, treinta años después, ha llegado el momento de legislar en este asunto a la vista del permanente debate en que se vive a cuenta de crucifijos, burkas y otros símbolos. Creo también que la ciudadanía está madura para asumir esa ley con normalidad. Ahí están los colectivos laicistas (Acel de Valladolid, Granada Laica, Europa Laica, y un largo etcétera), sindicatos, asociaciones de la enseñanza (como Ceapa o el propio Consejo Escolar del Estado), o de la judicatura (como Jueces para la Democracia), y algún partido político. Llevan décadas exigiendo, por mor de una mayor calidad democrática, una clara neutralidad en las instituciones públicas respecto a las creencias personales (que no una persecución u ocultación del hecho religioso, como pretenden algunos). Porque la democracia no es un concepto unívoco, como el de 'ser' (se tiene el ser o la nada), sino que, como el de 'bondad', admite matices y grados pues nombra un estado perfectible.
Dicha neutralidad ideológica implica, en mi opinión, al menos, estos aspectos:
• Suprimir los símbolos religiosos en las instituciones (ayuntamientos, hospitales, colegios, cuarteles, tribunales, universidades).
• Suprimir las ceremonias religiosas en actos de Estado, como funerales.
• Acabar con la presencia de cargos públicos en manifestaciones religiosas (cuando lo hagan en el ejercicio de sus funciones, y no a título personal).
• Denunciar los pre-constitucionales Acuerdos con la Santa Sede, pues otorgan privilegios económicos y educativos a la Iglesia católica (que no extensión de los mismos a otras confesiones, como pretenden los partidarios del “laicismo positivo”).
• Eliminar de la enseñanza pública la formación religiosa doctrinaria (que no la explicación filosófica e histórica del hecho religioso por profesores independientes).
• Suprimir la casilla de la Iglesia católica en la declaración del IRPF: que sean los creyentes quienes sufraguen los gastos de sus Iglesias con sus propios ingresos, y no detrayendo parte de sus impuestos (pues éstos deben destinarse en exclusiva al interés común).
Respecto a la prohibición del velo islámico, estimo más oportuna la integración que la exclusión, pues ésta conduce al atrincheramiento integrista en las propias posiciones. (El burka es otra historia, pues sí supone una evidente vejación de la mujer.) Por cierto, ¿alguien se plantea prohibir el acceso a los colegios a las monjas católicas por el hecho de ir siempre bajo tocado o velo, símbolo de su mística unión con Cristo?

ROJO Y NEGRO DIGITAL, Julio de 2010



¿La gasolina se la pone usted?

La tragedia que hace unos días acabó con 232 personas en Congo, puede suceder en cualquier momento en alguna de las más de 5000 gasolineras españolas en que es el usuario quien se sirve la gasolina. Si para manipular sustancias tóxicas o inflamables en lugares públicos se requiere una formación específica, ¿por qué en este caso no es así?
Aparte de las molestias que acarrea descolgar la manguera, aplicarla a la boca del depósito y volverla a colocar (con esas gotitas inevitables que manchan los tejidos e irritan la piel, o los gases que joroban nuestros bronquios), todos corremos el riesgo más que probable de que alguien (bajo los efectos de algún alucinógeno, pongamos por caso, aunque algunos no lo necesiten para cometer desaguisados) encienda un cigarrillo mientras reposta; o, más sencillo, que cualquiera haga uso del teléfono u otro artilugio similar capaz de encender una chispa que incendie los depósitos de la gasolinera.
¿Hay que esperar a que algo así suceda? Porque, ¿quién sino el empresario (a costa, eso sí, del bien común) se beneficia de esta modalidad de ruleta rusa? El precio para el usuario, se sirva o le sirvan, es el mismo. Y, para colmo de males, se suprimen miles de puestos de trabajo.
¿Hay alguien ahí?
Por seguridad y en pro del denostado interés común, señores políticos, acaben con este abuso.

GRANADA HOY, 23 de julio de 2010


¡La rabia, coño!

Así cantaba Silvio a la santa indignación. La rabia, nuestra vocación, porque necesitamos una izquierda de verdad, no de cartón (iba a decir de hojalata), porque llevamos demasiado esperando, con paciencia infinita, que se repare a las víctimas, que haya un reparto equitativo de la riqueza o que nuestra democracia deje, por fin, las parihuelas.
Cuando parecía arrancar un famélico estado de bienestar (de los más frágiles de Europa), vuelven los de siempre con su "¡menos impuestos, menos Estado!"; mutatis mutandis, menos sanidad y escuela públicas, menos igualdad de oportunidades: cada palo aguante su vela. ¡Ay!, tienen miedo a perder el manojo.

GRANADA HOY, 22 de mayo de 2010



Progresía vasca

Cambio de obispo en Bilbao y revuelo en el clero vasco dado el carácter “conservador” (entiéndase, poco nacionalista) del nuevo prelado. Y yo que pensaba que lo progresista era, al menos desde Diógenes, el cosmopolitismo, la aldea global, la abolición de fronteras, la defensa ilustrada de lo humano genérico frente a la exaltación de la diferencia; lo conservador, el apego patológico al terruño, el levantar diques, vallas y murallas en lindes imaginarias, la defensa de la “raza vasca” del carlista y católico Arana. Me equivocaba: nada hay tan progresista como doce jóvenes abertzales portando la Ikurriña ataviados con la boina y el traje tradicional vasco.

EL PAÍS, 7 de enero de 2010


Y la laicidad, ¿para cuándo?

No faltan en el PSOE defensores de este valor democrático en el que aún nuestra democracia es deficitaria, pero su defensa emerge y se diluye en los mensajes de sus líderes según la ocasión. Esta legislatura debe ser el momento en que este termómetro de la salud democrática alcance el lugar que se merece y tiene en otros países europeos.
Los gobiernos de Zapatero han sacado adelante con firmeza leyes innovadoras que restituían derechos históricamente mancillados, sin ceder ante la bronca callejera de Iglesia y derecha. Sin embargo, tras décadas de democracia, retirar un crucifijo de un espacio público es una odisea que comienza en grescas escolares y termina en sentencias que no resuelven nada. Tampoco esperaba ver al presidente prometiendo su cargo por segunda vez ante Biblia y crucifijo.
A todo esto llegó el 37º Congreso con tres propuestas de abecedario democrático: supresión de símbolos religiosos en espacios públicos y de funerales de Estado, así como denuncia de los acuerdos preconstitucionales con el Vaticano que consagran privilegios tridentinos.
Respecto a la última, tal vez la más necesaria, fue rechazada por abrumadora mayoría (todos menos uno). Pero las dos primeras quedaron también en agua de borrajas. El Sr. Jáuregui dijo entonces que “la laicidad no tiene constituida una liturgia alternativa” (¿no asistió al digno sepelio de Fernán Gómez?) y que la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (mejor ‘de conciencia’) se hará “con mesura”, porque “nadie puede esperar que un país cambie de la noche a la mañana” (en especial si los poderes impiden el cambio). Me suena a excusas para disimular un vergonzante miedo a perder votos (las cábalas por el codiciado voto de centro).
Los socialistas no quieren actuar en este ámbito “por imperativo legal”. Pero urge legislar porque se están lesionando derechos y sin normas claras corremos el riesgo de retroceder en lo ya logrado.
Además, diversos colectivos e instituciones (Asociaciones, Sindicatos, Partidos, Confederaciones de AMPAS, Consejo Escolar del Estado) llevan años pidiendo avances claros en este asunto para el que nunca parece llegar el día propicio.
¿Cuánto tiempo seguiremos discriminado a nuestros hijos en las escuelas por las creencias o increencias de sus padres; o viendo a nuestros cargos públicos acompañar procesiones; o eximiendo a las propiedades de la Iglesia del pago de impuestos; etc.?
Me temo que bastante.

LA VANGUARDIA,14 de julio de 2008


¿Ley de calidad para la Iglesia o para todos?


Todo lo que está mal, puede empeorar; he aquí un ejemplo. La situación de la religión en el marco de la enseñanza oficial, era ahora insostenible en un Estado laico (aconfesional prefieren llamarlo algunos), pero, de cumplirse las aviesas intenciones de la ministra Del Castillo -que no hacen sino retomar un proyecto presentado y retirado en los primeros años de gobierno del PP por el entonces Ministro de Educación Mariano Rajoy-, aparte de en lo inconstitucional, rayará en lo esperpéntico. ¿Qué mejor forma de oficializar el adoctrinamiento religioso en las aulas que hacer de la enseñanza alternativa a la religión una asignatura también evaluable y con 'peso en el currículo', concediéndole a la religión, de paso, el carácter de área de conocimiento que no tenía?

No hay ninguna razón educativa o pedagógica que justifique la inclusión de esta medida en la Ley de Calidad. El único motivo es atender al interés de la Conferencia Episcopal Española por maquillar una situación que venía generando tensiones: ¿cómo explicar, por ejemplo, el hecho de que los alumnos que escogen religión tengan una asignatura más que el resto en su expediente académico?

La nueva alternativa contaría entre sus contenidos, según palabras de la ministra, "el hecho religioso y valores constitucionales y democráticos". Pues bien, si esta disciplina se enfoca desde un punto de vista científico por personal cualificado -y sólo así puede hacerse puesto que será evaluable-, debe ser impartida no sólo para los que no reciben religión, sino para todos (así lo sostienen sendas sentencias del Supremo de enero y julio de 1994); si, por el contrario, se arguye que el contenido no es esencial para la formación de los ciudadanos, entonces queda claro que su misión es exclusivamente la de tapar los huecos y disimular lo indisimulable: la situación bochornosa de un Estado soberano que se comprometió con el Vaticano (que no es un Estado de derecho) a convertirse en fiel servidor de sus intereses en el terreno educativo, esencial para cualquier democracia.

Ambas disciplinas -y esta es otra novedad-, religión (católica casi en todos los casos) y alternativa, pasarían a formar parte de una sola área denominada Sociedad, Cultura y Religión, otra manera de oficializar más si cabe al catolicismo en el seno de la educación pública y concertada. Es una falacia sostener que todos los alumnos -o padres, en su caso- eligen en condiciones de igualdad: sólo lo hacen libremente los católicos que pueden escoger entre una formación doctrinaria en la que creen y una formación científica; los no católicos sólo pueden optar por esta segunda posibilidad, pues nadie elige que lo adoctrinen en ideas que no acepta. Estos alumnos son, pues, rehenes de la religión.

¿Seguirán siendo los tutores quienes en Primaria impartan esta disciplina? Y en Secundaria, ¿a qué profesores les tocará en suerte la ingrata tarea de evaluar y, en algunos casos, suspender a alumnos que son rehenes de la libertad ajena? Esta nueva medida pretende zurcir una situación injusta cuyo origen está en los Acuerdos con el Vaticano de 1979 que siguen constituyendo una de las hipotecas de nuestra democracia. ¿Es un Consejo Escolar competente para decidir si se retiran o no los símbolos religiosos de los centros públicos -tesis en la que han coincidido políticos del PP y del PSOE-, y no lo es un Estado para denunciar unos Acuerdos que le obligan a incluir el adoctrinamiento en su sistema educativo oficial y en pie de igualdad con asignaturas como la lengua, las matemáticas o la filosofía?


En los dos años cortos que le queda al gobierno de Aznar, da la impresión de estar dispuesto a saldar cuentas con sus deudos naturales. ¿Qué queda de la aconfesionalidad del Estado? El gobierno se pliega a las exigencias de la Conferencia Episcopal, institución-empresa contratante de los miles de profesores de religión católica en activo, cuyos sueldos pagamos todos los españoles. La Conferencia Episcopal ha mostrado un rotundo desprecio de los derechos de los trabajadores al aplicar con despotismo sus criterios de contratación al margen de la ley, despreciando a ese mismo Estado que le saca las castañas del fuego pagando sus platos rotos y cargando con todas las responsabilidades en los varios casos de despido por motivos tan antediluvianos como contraer matrimonio civil con alguien ya casado o llevar una vida casquivana.

No caben argucias; sólo queda una salida digna para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo: que el valor de la laicidad alcance el lugar que le corresponde junto a otros valores de más raigambre democrática, es decir, que la religión sea excluida del currículo oficial y, por tanto, quede fuera del horario lectivo. Así se podrán dedicar las dos horas semanales que actualmente ocupa a formar ciudadanos autónomos y capaces de convivir.


Abril de 2005


-->Drogas, un debate pendiente

Hace algunos meses la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía presentó un plan de utilización terapéutica de heroína para toxicómanos que, habiendo intentado desengancharse, no lo hayan conseguido. Esta iniciativa, pionera en el mundo, contó con la aprobación de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Sin embargo se ha enfrentado a la resistencia del Ministerio de Sanidad.
            Este hecho pone de manifiesto la necesidad de reflexionar en torno a la búsqueda de  nuevas y audaces soluciones para el acuciante problema de la droga. Las cifras resultan escalofriantes: sólo en Europa hay más de un millón de toxicómanos , el 86 % de los delitos en la UE están relacionados con el consumo de drogas; el 64 % de los casos de SIDA se deben al uso compartido de jeringuillas. El último invento de esta siniestra industria han sido las drogas de diseño que, bajo la apariencia de ser algo divertido e inofensivo, están acabando con la salud física y mental de muchos jóvenes incautos.
La historia nos enseña que un modelo exclusivamente prohibicionista no es eficaz. Es ya un tópico, aunque no menos cierto a pesar de ello, citar en este sentido la famosa ley seca que se aplicó en EE.UU. entre 1920 y 1933 con nefastas consecuencias. El modelo vigente en la actualidad combina las medidas de persecución policial –del tráfico, la tenencia y el consumo- con campañas informativas muy activas. Pero los resultados son desalentadores: en los últimos años ─coinciden la mayoría de los informes publicados─, el consumo de todo tipo de drogas entre jóvenes de 13 a 18 años no para de crecer. Los alijos aprehendidos por la policía son cada vez mayores. En igual proporción crecen las fortunas amasadas en el mundo por los grandes traficantes que se han convertido en un poder real e incontrolable que actúa a la sombra y desafía el poder legítimo de los gobiernos democráticos.
            La realidad dramática de la droga está a la vista de todos nosotros en nuestra propia ciudad y, a pesar de la tozudez de los datos, el necesario debate encaminado a la búsqueda de nuevas soluciones no llega a producirse. ¿Qué intereses espurios impiden que un problema tan crucial como éste se ponga sobre la mesa?. En ese debate deberían considerarse los pros y los contras de todas las medidas posibles, incluida la posible legalización de ciertas sustancias bajo condiciones estrictamente reguladas por ley. Tanto a favor como en contra de esta iniciativa hemos oído voces autorizadas y argumentos diversos. En contra se ha señalado que esto facilitaría el acceso por parte de jóvenes a esos productos nocivos;  que continuaría el problema, como sucede con el alcohol y su tremenda y creciente incidencia en el mundo juvenil; que se incrementaría el número de consumidores. A favor que se eliminaría la atracción de lo prohibido como un aliciente más para el consumo;  que se evitaría la adulteración ─causa de la mayor nocividad de la sustancia ingerida y, en algunos casos,  de la muerte de consumidores─; que disminuirían los índices de delincuencia al bajar el precio; que se vería reducido el dinero negro en circulación, así como el poder paralelo de los traficantes;  que se mitigaría, en parte, el carácter marginal que actualmente poseen los círculos de consumo. Hay que recordar también que, entre los mayores enemigos a la legalización de las drogas, se encuentran los propios traficantes, conscientes de que esto acabaría con su floreciente negocio. 
Partiendo de la autonomía con la que debe actuar todo sujeto maduro para hacer uso de su propio cuerpo, siempre que no interfiera en los derechos ajenos, no parece legítimo que el Estado pueda prohibir el consumo de sustancias tóxicas. Resulta paradójico que en EE.UU., los mismos que, llevados de una extravagante concepción de la libertad, defienden el peregrino y peligroso ‘derecho’ a poseer armas, tengan acto seguido una cicatera concepción de la autonomía del individuo cuando persiguen y castigan, no ya la tenencia, sino también el consumo de estupefacientes.
Es necesario iniciar un gran debate sin prejuicios, generoso, abierto a las experiencias emprendidas en otros países y en el que participen no sólo expertos, sino también los afectados por el problema, además de partidos políticos, asociaciones, educadores, etc. , así como insistir en la conveniencia de educar a niños y jóvenes en la escuela acerca de los efectos de la droga, en el marco de la educación para la salud. 

Abril de 2005


Obispos

Observando las declaraciones, actitudes y afinidades manifiestas de la Conferencia Episcopal, sostengo que los prelados católicos levitan en un más allá regido por la lógica difusa que pervierte toda razón. Como el país que descubre Alicia persiguiendo a un conejo, es una dimensión en la que nada es lo que parece. Es el mundo del rey desnudo al que todos pretenden ver vestido, un lugar donde los ricos pasan sin despeinarse por el ojo de la aguja y los inquisidores son víctimas de persecuciones imaginarias. Adoctrinar allí es defender la libertad de conciencia y la esencia de la democracia consiste en que las mayorías aplasten a los que son menos. En este lugar, en fin, quienes a lo largo de la historia (no un tiempo lejano, sino muy reciente) han querido estar junto a dictadores y verdugos, resultan ser los inspiradores y adalides de los derechos humanos que, a este lado, se han abierto paso siempre a su pesar. Pero cada vez son más quienes recorren el camino inverso y vuelven al sentido común, dejándoles solos en su reino de corazones.

Febrero de 2005



Criadero católico

En las últimas trifulcas con el poder legítimo, la Conferencia Episcopal juega al despiste con dos estrategias:
a) La del calamar: camuflar con la tinta de un escándalo mediático los objetivos que, en realidad persigue.
b) La maximalista: situar el debate en torno a máximos para, así, mantener sus privilegios, ofreciendo al oponente (el gobierno) la excusa ante la opinión pública de que ha habido renuncias por ambas partes.
Entre todos los asuntos en cuestión, la condena a la homosexualidad hace de tinta que oculta el meollo: mantener la religión en las escuelas públicas para conservar gratis su legión de 20.000 catequistas ─mano de obra esclava que se contrata y despide al albur del obispo de turno─, pagados con fondos ajenos (públicos), y asegurar su influyente presencia social en la enseñanza obligatoria por la que pasamos todos los españoles. Las escuelas quedan convertidas así en el último criadero de católicos.
Pero también hay aquí señuelo: quieren llevar el debate al terreno de si la religión debe o no ser evaluable en pie de igualdad con las materias del currículo. Lo que está en cuestión es sencillamente que las religiones, por salud democrática y exigencia constitucional, deben salir del seno de la enseñanza pública, dejando libre a los contenidos científicos y humanísticos un espacio que viene ocupando desde hace demasiado tiempo.
En nuestras escuelas se alcanzaría, por fin, un objetivo que el sentido común exige: que los niños y niñas dejen de ser agrupados-segregados-señalados por razones de ideología religiosa. (Y a todo esto ─es otra estrategia conocida como “proyección”─, lo llaman “integrismo laicista”.)

31 de enero de 2005


Monjas y Hiyab

Se prohíbe el uso del hiyab en la escuela y un ministro lo compara con prácticas aberrantes como la ablación del clítoris. Se afirma que supone un signo del sometimiento de la mujer en la cultura musulmana. Sospecho, afirmo que bajo esa retórica se oculta el miedo a que la diferencia cometa la arrogancia de hacerse visible. Por cierto, ¿no llevan algo parecido al hiyab, tanto por su aspecto como por el significado que se le atribuye, las monjas que atienden el colegio religioso donde debió ser escolarizada la niña marroquí?

EL PAÍS, 24 de febrero de 2002

¿Aconfesional o Laico?

En su artículo del 3 de febrero, se recoge la opinión de Luis Manuel Duyos quien se queja por considerar que se atenta a la verdad cuando en informaciones, textos de colaboradores o cartas al director, se sostiene que España es un “Estado laico”, cuando en realidad, según él, se trata de un Estado aconfesional. El laicismo, añade, “trata de impedir cualquier influencia de la religión en el hombre y en la sociedad”.
En efecto, la Constitución española, en su artículo 16, establece el carácter aconfesional del Estado cuando en el apartado 3 dice que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Esto, pues, hay que admitirlo, pero no la definición de laicismo que ofrece el Sr. Duyos. Para resolver dudas podemos acudir a la última edición del Diccionario de la Real Academia Española, de 2001, donde se define ‘laicismo’ como “doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa.”
Los partidarios del laicismo no tratamos, pues, de impedir la influencia de la religión en el ser humano, lo que constituiría una invasión de la privacidad y un ataque a la libertad de conciencia, sino proteger la independencia del Estado respecto de las doctrinas, condición indispensable para la democracia. Así, yo considero oportuno y necesario brindar al alumno un conocimiento científico del hecho religioso, desde el punto de vista sociológico, antropológico, filosófico e histórico; pero me rebelo contra la actual presencia de las creencias religiosas en el horario lectivo como una materia del currículo oficial, tanto en la enseñanza obligatoria como en la postobligatoria.
Con relación a los términos ‘laico’ y ‘aconfesional’, son intercambiables si nos atenemos, de nuevo, a la definición que ofrece el citado diccionario. ‘Laico’, se dice allí, quiere decir “independiente de cualquier organización o confesión religiosa”, y cita como ejemplo “Estado laico”; ‘aconfesional’ significa “que no pertenece o está adscrito a ninguna confesión religiosa”.
No existe, pues, inconveniente en seguir hablando de ‘Estado laico’ para referirse al nuestro, sin menoscabo, claro está, de quien prefiera hacerlo de ‘Estado aconfesional’. En ambos casos estaremos sosteniendo la independencia de nuestras instituciones públicas respecto de cualquier doctrina o iglesia, algo que aún no se ha hecho realidad en ámbitos esenciales como el de la enseñanza. Que no se extrañe, pues, el Sr. Duyos, si observa cierta beligerancia en la defensa de un derecho, el de la libertad de conciencia, que sigue sin respetarse por parte tanto de ciertas confesiones como de algunos poderes públicos.

8 de febrero de 2002


Símbolos religiosos en las aulas

No nos hallamos aún en el país de la libertad y la moderación que debemos construir entre todos a través del respeto a las posiciones ajenas. Las discusiones serenas no deben ser evitadas; al contrario, son útiles para conseguir ese objetivo. Vienen estas palabras a cuento del debate al que hemos asistido en las páginas de este periódico en los últimos días. Todo comenzó cuando un grupo de ciudadanos nos dirigimos al Defensor del Pueblo andaluz porque consideramos que la presencia de símbolos religiosos en las aulas de los colegios públicos vulneraba nuestra libertad de conciencia y la de nuestros hijos, un derecho básico reconocido por la Constitución.
El Defensor del Pueblo nos da la razón en el informe que emitió al efecto, remitiéndose en él a la legislación vigente sobre la materia tanto nacional como la contenida en acuerdos o tratados internacionales, así como a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. A partir de aquí se desata la polémica y quienes no coinciden con nuestro parecer esgrimen pobres argumentos: eso son ‘cabezonerías’ y ‘estúpidos fanatismos’ que proceden de un rancio anticlericalismo ya superado, nos espeta Andrés Cárdenas, un columnista de este medio que, además, no tiene reparos en valerse de su posición de ventaja para apostillar la carta de réplica a su artículo remitida por un miembro de nuestra asociación. ‘Éste es un colegio católico’, nos dice un tercero; ‘¿Por qué protestan por el nombre de un colegio quienes llevan nombres cristianos, como Ángel o Jorge?’.
La banalidad y la confusión no pueden ser mayores. No se trata de ir en contra de nadie, sino a favor del esclarecimiento del lugar que en justicia le corresponde al hecho religioso en un estado laico en el que todos podamos convivir sin imposiciones.

IDEAL, 25 de octubre de 2001


Reforma de las humanidades

Tras la reforma de las humanidades, aprobada en Consejo de Ministros el día 29 de diciembre, la ministra de Educación anunciaba nuevas modificaciones más “de fondo” en la LOGSE para los próximos meses.
La norma tiene, en mi opinión, luces y sombras. Las horas necesarias para reforzar las mal denominadas instrumentales (lengua y matemáticas), se han conseguido a base de reducir el horario de música y dibujo en la ESO. Esta medida es criticable. El objetivo de estas disciplinas no es hacer de los alumnos futuros músicos y pintores, como no es la finalidad de la enseñanza de la filosofía convertirnos a todos en filósofos; sino aportar unos conocimientos básicos necesarios para el goce estético, e imprescindibles para la formación de ciudadanos ilustrados, aparte de adquirir habilidades básicas relacionadas con estas áreas. Parecía un logro importante el que la música tuviera, por fin, una presencia digna en el sistema educativo español. Esta expectativa se ve ahora frustrada.
Una solución alternativa era ampliar el horario lectivo en 1º y 2º de ESO de 28 a 30 horas semanales, como se ha propuesto desde la Comunidad Andaluza. Tampoco este remedio me convence, porque carga aún más las ya largas jornadas escolares. Veo más conveniente reducir la presencia de la religión en el currículo de la ESO, en el que ahora goza de 6 horas semanales entre los cuatro cursos ─más otras 4.5 horas en primaria y 3 horas en bachillerato─, cuando, por ejemplo, la asignatura Vida Moral y Reflexión Ética sólo dispone de 2 horas semanales. Esas seis horas dedicadas a doctrina religiosa debían reconducirse a una nueva disciplina de Historia de las Religiones ─impartida por licenciados en Historia o Filosofía─, que fuera obligatoria y se impartiera en el 2º ciclo de ESO con dos horas semanales. Esto es lo que se ha hecho en países de nuestro entorno, como Gran Bretaña. De esta manera, se dispondrían de 4 horas semanales para dedicarlas a la lengua, matemáticas u otras disciplinas con escasa presencia curricular, sin menguar la exigua presencia de las artes. De paso, se resolvería un conflicto importante en las aulas: la actual segregación entre alumnos católicos y quienes no lo son en el seno de una institución que debe ser lugar de encuentro.
Cuando desde la mayoría absoluta se habla de realizar reformas profundas en una ley educativa que fue aprobada por amplio consenso (PSOE, IU y nacionalistas), yo me temo lo peor. Quienes defendemos un Estado laico como único espacio posible para la convivencia respetuosa en sociedades cada vez más complejas y diversas, aguardamos que en esas futuras reformas se tengan en cuenta nuestras opiniones y dejen de lesionarse derechos fundamentales.
En medio de un furor privatizador generalizado, observamos perplejos cómo la defensa de la doctrina católica sigue asentando sus fueros en el dominio de lo público.

EL PAÍS, 15 de enero de 2001

Inmensa minoría

Mi hijo forma parte de esa inmensa minoría obligada a elegir una alternativa a la religión católica en un espacio de libertad como es la escuela.
El interés de la Iglesia católica prevalece de nuevo sobre derechos fundamentales de los escolares y sus padres: quienes no desean recibir formación católica no pueden dedicar este tiempo a aquello que sus educadores y padres consideren más adecuado: por ejemplo, refuerzo en las asignaturas llamadas instrumentales. La Conferencia Episcopal y la Concapa lo impiden ─amparándose en los Acuerdos con la Santa Sede que datan de 1979 y ya deberían ser denunciados, so pena de que queramos seguir tutelados por la jerarquía eclesiástica en un tema tan sensible como la educación de ésta y las futuras generaciones─. En la mayoría de los casos los alumnos no católicos permanecen de brazos cruzados mientras a sus compañeros se les imparte los contenidos doctrinarios que la Iglesia decide.
Ante esta situación surgen cuestiones diversas: ¿por qué no se enseñan las creencias fuera del horario escolar?, ¿cómo puede ser que paguemos entre todos ─del erario público─ el sueldo de varios miles de catequistas de religión católica?, o ¿con qué criterios selecciona y contrata la Iglesia a ese personal que paga el Estado?
El debate en torno a las humanidades tampoco huelga en este contexto: se nos dice que no hay espacio en el currículo para impartir historia, filosofía, latín o griego; sin embargo, la religión católica tiene una presencia abrumadora a lo largo de toda la educación obligatoria: entre una y dos horas TODOS los cursos, desde primero de Primaria hasta cuarto de ESO. Y lo mismo ocurre en Bachillerato. Pero no parece existir la intención de resolver esta situación: al contrario, el gobierno pretende ampliar la presencia de la religión a la etapa infantil y, además, poner la ética como alternativa a la religión en todos los niveles. Se tornaría así a una situación ya superada que planteaba a padres y alumnos una elección artificial y nociva, por segregadora, entre una educación laica en valores ─la única que un Estado aconfesional debe garantizar a todos los ciudadanos─ y una formación religiosa.
Para afrontar estos y otros problemas, un grupo de padres y profesores decidimos organizarnos y crear la Asociación Pi y Margall por la Educación Pública y Laica.

19 de septiembre de 2000.


UNICEF y el aborto

En el último número de la revista del comité español de UNICEF, institución con la que colaboro desde hace años, aparece un artículo, firmado por su presidente D. Joaquín Ruiz-Giménez, en torno al aborto.
Me parece penoso que quien preside una organización laica y plural apele en varios lugares de su editorial como argumento de autoridad al magisterio de la Iglesia católica. Creo que cae en prejuicios desde el propio título, El derecho a nacer, que predispone al lector en un sentido muy definido. En esta misma dirección interpreto su utilización del término ‘niño’ en lugar de los más idóneos de ‘feto’ o ‘embrión’, cuando sitúa el problema en el contexto de la “protección integral de los niños y las niñas del mundo, en todos los momentos de su existencia” o habla de “la protección del derecho a nacer de los niños y niñas”.
De los tres supuestos legales, al señor Ruiz-Giménez sólo le parece admisible el primero (peligro para la vida de la madre), eso sí, transforma ‘madre’ en ‘esposa’ cuando apostilla “si tiene otros hijos que cuidar y el legítimo amor a su esposo”. Los otros dos (violación y malformación del feto) “han de estimarse como excepciones a la norma general básica de protección a la vida del nasciturus”.
Pero hay infinitos supuestos que la ley no recoge y que obligarán a muchas madres a abortar, y lo harán a la luz o en la oscuridad, con medios o sin ellos. Me parece mal no querer ver esa realidad y mantenerse en la paradoja de sostener a pie juntillas y simultáneamente que, desde la concepción hay ya una persona, sujeto de derechos en pie de igualdad con cualquier otro, y, al mismo tiempo, que en algunos casos sí que puede segarse la vida de tal sujeto.
Hace unos días (EL PAÍS, 13 de mayo) se hacía público un informe de la ACAI en el que se señala que más de 7.500 jóvenes, de entre 15 y 19 años, abortaron en España durante 1998 y que el número se incrementa paulatinamente, a pesar de lo cual el aborto sigue rozando la marginalidad y el ostracismo. En la España predemocrática de 1976, y sólo en un año, más de 6.000 mujeres acudían a Londres a abortar: aquellas que podían pagárselo; el resto también lo hacía, en condiciones lamentables. Pero se silenciaba el problema.
Coincido con Ruiz-Giménez en que la educación sexual es necesaria para reducir el problema. También los métodos anticonceptivos, especialmente el preservativo ─no sólo los “métodos naturales” de los que habla el señor Ruiz-Giménez─, pueden ayudar. Pero a pesar de todo esto siguen existiendo casos en que la mujer decide interrumpir su embarazo. Para no hacer más traumática una decisión que de por sí ya lo es, propongo respetar esa decisión y favorecer una legislación que evite su criminalización.


EL PAÍS, 9 de junio de 2000


Asociación Pi i Margall

El pasado 6 de marzo nos reunimos un grupo de padres de alumnos del colegio público “Virgen de la Cabeza” de Motril con el fin de constituir una asociación en defensa de la educación pública y laica.
Decidimos dar a nuestra asociación el nombre de Pi i Margall, filósofo y político español de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Pi se comprometió en la defensa de la educación pública y trabajó por la separación de los poderes civil y religioso, algo que todavía hoy es necesario seguir haciendo.
También se aprobaron los estatutos. En ellos se incluyen como fines de nuestra asociación:
- Defender una enseñanza pública universal y gratuita inspirada en los valores humanistas.
- Velar por que se respete la libertad de conciencia de los alumnos y sus padres.
- Promover iniciativas conducentes a suprimir las doctrinas religiosas del horario lectivo y del currículum oficial de las enseñanzas obligatoria y postobligatoria.
- En tanto no se consigan los objetivos fijados en el punto 3º, se exigirá el cumplimiento de la normativa vigente que regula las enseñanzas alternativas para los alumnos que no desean cursar enseñanza religiosa.

13 de marzo de 2000


Acuerdos con el Vaticano

En un artículo referido a la enseñanza de la religión católica en la escuela pública, aparecido en EL PAÍS el día 17 de noviembre, D. Gregorio Peces-Barba Martínez escribe: “Quizás el Tribunal Constitucional aborde, por fin, la propia constitucionalidad de los acuerdos con la Santa Sede, y en relación con el que nos ocupa sobre enseñanza y asuntos culturales, que entró en vigor el 4 de diciembre de 1979, antes que la Constitución de 29 de diciembre”.
Estos datos no son correctos: los acuerdos a los que se refiere se firmaron el día 3 de enero de 1979 y entraron en vigor el 15 de diciembre de ese año (fecha de su publicación en el BOE). Por otra parte, es cosa sabida que la Constitución es del 29 de diciembre del año 1978.
A pesar de este baila de fechas, tal vez producido por citar de memoria, coincido con los planteamientos que hace el Sr. Peces-Barba. Propongo, no obstante, hacer un ejercicio de memoria histórica: si en doce años los sucesivos gobiernos socialistas no revisaron estos acuerdos que desdibujan la necesaria aconfesionalidad del Estado, ¿lo hará un gobierno de Aznar?

23 de diciembre de 1999


Religión en las aulas

Mi hijo empieza este año a cursar primaria en un colegio público: su aula está presidida por un crucifijo como en los rancios tiempos de El florido pensil. Quienes, como él, no opten por recibir religión y moral católicas, se verán obligados durante el tiempo en que la Iglesia utiliza las instalaciones del colegio y el dinero público para expandir sus doctrinas, a rellenar este hueco semanal en su horario de cualquier manera, pues en algunos colegios no hay nada programado como alternativa o, contando con la buena voluntad de algún maestro, recibirán algún taller de ajedrez o algo similar. ¿Por qué no se impone la sensatez y se imparten las doctrinas fuera del horario lectivo, impulsándose una materia de formación religiosa común para todos los alumnos, que afronte el hecho religioso en toda su diversidad?
La próxima primavera volverán las fiestas religiosas y, con ellas, las procesiones de santos y vírgenes acompañados por ayuntamientos de todos los colores políticos, con su alcalde, provisto siempre de los símbolos del poder, a la cabeza de estas comitivas cívico-religiosas. Y si nos perdemos algo, nuestra cadena pública autonómica nos tendrá puntualmente informados del fervor mariano allá donde surja. Tanta grosería debe ofender también a los creyentes no adocenados. ¿Dónde está el respeto a las minorías? ¿Es España un estado laico?

EL PAÍS, 20 de octubre de 1999