EL GOBIERNO CEDE AL CHANTAJE DE LOS MERCADOS Y ATACA LOS CIMIENTOS DEL ESTADO SOCIAL

Se consuma un hachazo definitivo a las bases del estado del bienestar al reducir en 10.000 millones de euros los presupuestos para sanidad y educación

El anuncio realizado ayer por el Gobierno de España, a través de una escueta nota de prensa, de un nuevo recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y educación supone un demoledor ataque a la línea de flotación del Estado social y democrático de Derecho que fija la Constitución española en su Artículo 1, además de significar una nueva burla al pueblo español, a quien se le aseguró no hace mucho tiempo que en ningún caso se tocarían estas partidas.

Cuando tan solo ha transcurrido una semana desde que hizo públicos los Presupuestos Generales del Estado más restrictivos en la reciente historia de nuestro país, con un recorte de casi el 22% de las partidas destinadas a educación, el Gobierno insulta al pueblo español adelantando en un rotativo alemán lo que ayer confirmó con una nota casi telegráfica. Con ello da suficientes pruebas del desprecio que siente hacia la soberanía popular y hacia el Parlamento. Pero además, y sobre todo, demuestra que está plenamente decidido a seguir fielmente el dictado de los llamados “mercados”, eufemismo tras el cual se esconden los grandes grupos financieros y de inversión que están dando un golpe de estado en toda regla en las llamadas naciones democráticas europeas.

Parece hora ya de denunciar la existencia de una hoja de ruta perfectamente delimitada que contempla el trasvase masivo de rentas salariales a las rentas del capital: tras el recorte de los sueldos de los empleados públicos y la reforma laboral, toca reducir el salario social a través de los recortes de servicios públicos esenciales y de privatizaciones masivas. Con ello se hace un doble favor a los mercados pues, además del mencionado trasvase de rentas para recuperar la tasa de ganancia deseada a costa de la clase trabajadora, se pone a su disposición empresas y servicios cuyas infraestructuras han sido costeadas con fondos públicos y cuya gestión y explotación va a pasar a sus manos.

En definitiva, lo que se está haciendo no puede considerarse más que como un robo masivo a los pueblos europeos en general y al español en particular. En este sentido resulta muy esclarecedor que en un país donde el fraude fiscal se estima en unos 90.000 millones, de los cuales el 72% corresponde a las grandes fortunas y a las grandes empresas, de acuerdo con los datos que maneja el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, se aplique un recorte de unos 37.000 millones de euros (los casi 27.000 previstos en los PGE más los 10.000 anunciados ayer) y cuya parte sustancial se la llevan las partidas sociales. Este Gobierno actúa así como si fuera un malvado sheriff de Nottingham redivivo. ¿Hasta dónde llegará la paciencia de los esquilmados?

Abril de 2012

Ascensión Cano (Secretaria de organización del Sindicato de Enseñanza de CGT)