“La ley de separación de las iglesias y el Estado, es la marcha deliberada del espíritu hacia la plena luz, la plena ciencia y la entera razón” (Jean Jaurés)
La presencia de la formación religiosa doctrinaria en el currículo oficial de nuestro sistema educativo, constituye una situación consolidada, pero atípica, que provoca tensiones y nos impide disfrutar de una escuela democrática. Los alumnos que no la reciben, o sus padres, no deciden en libertad: es el deseo de doctrina de sus compañeros creyentes –al que un Estado aconfesional debe permanecer ajeno–, el que les obliga a recibir una enseñanza alternativa de baja calidad. Son las consecuencias de una incursión ilegítima de lo privado en lo público que lesiona derechos individuales y colectivos, disgrega la sociendad y socava los pilares de la convivencia democrática.
Constatamos el largo trecho que, a pesar de lo lejana que queda ya la Ilustración, resta aún por recorrer en el camino hacia el verdadero establecimiento de la independencia del poder político respecto al religioso, permitiendo así el respeto de todas las opciones ideológicas. En los colegios de nuestros hijos nos encontramos con heraldos muy significativos: crucifijos presidiendo aulas, celebraciones religiosas para el inicio de curso, padres que dicen haber apuntado a sus hijos en religión católica porque no ven claro en qué ocupan el tiempo los que no la escogen o incluso por miedo al ‘señalamiento’ de sus hijos, etc. La presión social aquí ejerce un papel importante, en particular cuando se aproximan fechas especiales como las primeras comuniones, expresión de los antiguos rituales del tránsito a la pubertad. La situación se ve agravada por la circunstancia de que los niños de la alternativa a las doctrinas religiosas, deben abandonar el aula durante la hora en que éstas se están impartiendo. Entonces son conducidos a algún lugar de la escuela en el que matan el tiempo, pues en muchos centros públicos no se ofrecen alternativas, no ya atractivas, ni tan siquiera dignas: lo más común es que no se oferte nada, con el pretexto de que son muy pocos alumnos –por ese mismo argumento deberíamos de abandonar aspectos tan integradores de la LOGSE como la diversificación curricular–. Todo esto queda a merced de la buena voluntad del maestro–tutor que, en muchos casos, es bastante.
Por lo que se refiere a la legalidad, la clave está en los predemocrátios acuerdos con el Vaticano. Quizás el Tribunal Constitucional aborde, por fin, la propia constitucionalidad de los mismos, en cuyos artículos encontramos imposiciones intolerables para cualquier Estado democrático: “Los planes educativos incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales” (art.2). Pertenecen a otros tiempos, fueron gestados antes de la aprobación de la Constitución y firmados el día 3 de enero de 1979. No olvidemos en qué contexto histórico: la Iglesia supo aprovechar la situación de un gobierno acosado (Suárez) en una democracia todavía balbuciente para, partiendo de su estatuto de poder fáctico, asegurarse una presencia ventajosa en dos ámbitos esenciales: el económico y el educativo. Izquierda Unida ha denunciado estos acuerdos, pero los dos partidos con posibilidades de gobernar (PP y PSOE) hacen caso omiso. ¡Qué lejanos suenan ahora esos alegatos laicistas que formulaba el candidato Zapatero! A lo más que ahora podemos aspirar es a que el gobierno socialista vuelva a dejar las cosas como estaban: religión evaluable (aunque no computable) y dentro del horario escolar y, para quienes no deseen recibirla, a matar el tiempo con lo que dispongan los señores prelados. Es decir, de avance, nada...
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AULA LIBRE DIGITAL y LIBRE PENSAMIENTO, nº 60. Febrero de 2009
ENLACES:
Fundación Francesc Ferrer i Guardia
(Sitio que conserva la memoria del gran maestro y pegagogo anarquista. Revista Espai de llibertat del movimiento laico y progresista)
Asociaciones laicistas:
Granada Laica
Extremadura Laica
ACEL (Valladolid)
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