“La religión es el alma de
un mundo sin corazón”
(K.
Marx)
Después de que
Wert, Ministro de educación, haya demostrado carecer de ella
(al
menos en lo que se refiere a valores morales), al pretender expulsar
del sistema educativo a aquellos niños que no den la talla; viene
ahora Gallardón, dócil a la llamada de los obispos, con una ley que
arroja a las catacumbas de la clandestinidad a aquellas mujeres sin
recursos que decidan interrumpir su embarazo. Pero, comencemos por
los principios.
Los principios morales rigen nuestra
conducta. Entre ellos, los hay que admiten excepciones, pues
consagran valores que, en determinadas circunstancias, pueden
supeditarse a otros que estimamos superiores. Así, el principios que
exige respetar la dignidad de los grandes simios, me lleva a rechazar
cualquier acción que implique torturas, privación de libertad o
atentado contra la vida de chimpancés, gorilas y orangutanes, salvo
que haya en juego un interés humano relevante. Por ello, rechazaré
que un gorila sea encerrado en una jaula para exponerlo a la
curiosidad del público, pero aceptaré que un chimpancé sea cazado
por determinados pueblos indígenas africanos, si este animal forma
parte de su dieta tradicional.
Sin embargo, hay otros principios que, por su
propia naturaleza, no admiten excepción alguna. Esto sucede con el
respeto a la dignidad de cada ser humano. Dicho principio excluye
todo trato vejatorio o humillante e impone el respeto a la vida de cualquier persona. Esta dignidad no es relativizable o supeditable a
otros intereses o valores. En función de un principio tal, yo
sostengo una oposición radical a la pena de muerte. En ningún
supuesto la considero admisible, pues el considerar una sola
excepción, debilitaría el valor absoluto sobre el que se asienta el
principio: la dignidad de la persona, de cada persona sin excepción,
incluida la del reo más abyecto.
Pues bien, consideremos un argumento
que tenga como premisa número uno ese mismo principio, y, como
premisa número dos la consideración del no nacido, desde el momento
mismo de la concepción (es decir, en su fase de cigoto) como un ser
humano en pie de igualdad con cualquier otro. La conclusión será
que el aborto no es admisible, y no puede serlo en ningún caso: ni
malformación del feto, ni peligro para la vida de la madre, ni
tampoco violación de ésta.
Esta es la posición que, en mi
opinión, daría coherencia a las palabras del actual Ministro de
justicia cuando, ante la interpelación de una senadora socialista,
sostiene que hasta ahora se han reconocido solo los derechos de la
madre, pero se han olvidado los del no nacido. No hace aquí el señor
Ministro distinción alguna entre un cigoto y un feto de 14 o más
semanas de vida. Empieza, pues, el Ministro refiriéndose al no
nacido como una persona con iguales derechos que cualquier ser
humano, pero acaba admitiendo que, en algunos supuestos (violación y
peligro para la vida de la madre) su exterminio sí será legal. Hay
aquí una contradicción. Si realmente cree en lo que dice, no le
queda otra que prohibir el aborto sin excepción alguna.
Debe ser porque él sabe que equiparar
al no nacido, en general, con un ser humano, no es hablar con
propiedad. Un cigoto no es una persona, lo cual no significa que
pueda ser tratado de cualquier manera. Merece respeto por lo que
significa, un proyecto de vida humana. Pero, en caso de conflicto de
intereses, debe prevalecer la voluntad de la madre, antes que dar vía
a un proyecto que, muy probablemente, desembocará en fracaso, amén
de incidir de manera dramática en la vida de la propia madre.
Nadie puede estar a favor del aborto:
en todo caso es un problema que entraña una decisión difícil y, en
ocasiones, traumática. Y lo es, en primer lugar, para la madre que
no tomará en ningún caso esa decisión si no es porque estima que
es la única alternativa posible. Pero nadie puede tampoco
criminalizar a la mujer que decide abortar. Es ella quien debe tener
la última palabra, dentro de un límite de tiempo razonable, como el
que establece la actual ley de plazos que lo sitúa en las 14 semanas
de la concepción.
Volver a una ley restrictiva no
elimina el problema. Antes bien, implica regresar al aborto en
condiciones sanitarias aceptables para quienes puedan pagárselo en
una clínica extranjera, y en condiciones míseras para quienes no
puedan. Así ha ocurrido siempre, y entre las que viajaban a Holanda
o a Gran Bretaña, estaban las hijas de altos dirigentes del régimen
que decían perseguir esta conducta. Una ley restrictiva da paso,
otra vez, a la hipocresía más abyecta.
