Aborto y principios

                                                   “La religión es el alma de un mundo sin corazón”

                                                   (K. Marx)

Después de que Wert, Ministro de educación, haya demostrado carecer de ella

(al menos en lo que se refiere a valores morales), al pretender expulsar del sistema educativo a aquellos niños que no den la talla; viene ahora Gallardón, dócil a la llamada de los obispos, con una ley que arroja a las catacumbas de la clandestinidad a aquellas mujeres sin recursos que decidan interrumpir su embarazo. Pero, comencemos por los principios.

Los principios morales rigen nuestra conducta. Entre ellos, los hay que admiten excepciones, pues consagran valores que, en determinadas circunstancias, pueden supeditarse a otros que estimamos superiores. Así, el principios que exige respetar la dignidad de los grandes simios, me lleva a rechazar cualquier acción que implique torturas, privación de libertad o atentado contra la vida de chimpancés, gorilas y orangutanes, salvo que haya en juego un interés humano relevante. Por ello, rechazaré que un gorila sea encerrado en una jaula para exponerlo a la curiosidad del público, pero aceptaré que un chimpancé sea cazado por determinados pueblos indígenas africanos, si este animal forma parte de su dieta tradicional.

Sin embargo, hay otros principios que, por su propia naturaleza, no admiten excepción alguna. Esto sucede con el respeto a la dignidad de cada ser humano. Dicho principio excluye todo trato vejatorio o humillante e impone el respeto a la vida de cualquier persona. Esta dignidad no es relativizable o supeditable a otros intereses o valores. En función de un principio tal, yo sostengo una oposición radical a la pena de muerte. En ningún supuesto la considero admisible, pues el considerar una sola excepción, debilitaría el valor absoluto sobre el que se asienta el principio: la dignidad de la persona, de cada persona sin excepción, incluida la del reo más abyecto.

Pues bien, consideremos un argumento que tenga como premisa número uno ese mismo principio, y, como premisa número dos la consideración del no nacido, desde el momento mismo de la concepción (es decir, en su fase de cigoto) como un ser humano en pie de igualdad con cualquier otro. La conclusión será que el aborto no es admisible, y no puede serlo en ningún caso: ni malformación del feto, ni peligro para la vida de la madre, ni tampoco violación de ésta.

Esta es la posición que, en mi opinión, daría coherencia a las palabras del actual Ministro de justicia cuando, ante la interpelación de una senadora socialista, sostiene que hasta ahora se han reconocido solo los derechos de la madre, pero se han olvidado los del no nacido. No hace aquí el señor Ministro distinción alguna entre un cigoto y un feto de 14 o más semanas de vida. Empieza, pues, el Ministro refiriéndose al no nacido como una persona con iguales derechos que cualquier ser humano, pero acaba admitiendo que, en algunos supuestos (violación y peligro para la vida de la madre) su exterminio sí será legal. Hay aquí una contradicción. Si realmente cree en lo que dice, no le queda otra que prohibir el aborto sin excepción alguna.

Debe ser porque él sabe que equiparar al no nacido, en general, con un ser humano, no es hablar con propiedad. Un cigoto no es una persona, lo cual no significa que pueda ser tratado de cualquier manera. Merece respeto por lo que significa, un proyecto de vida humana. Pero, en caso de conflicto de intereses, debe prevalecer la voluntad de la madre, antes que dar vía a un proyecto que, muy probablemente, desembocará en fracaso, amén de incidir de manera dramática en la vida de la propia madre.

Nadie puede estar a favor del aborto: en todo caso es un problema que entraña una decisión difícil y, en ocasiones, traumática. Y lo es, en primer lugar, para la madre que no tomará en ningún caso esa decisión si no es porque estima que es la única alternativa posible. Pero nadie puede tampoco criminalizar a la mujer que decide abortar. Es ella quien debe tener la última palabra, dentro de un límite de tiempo razonable, como el que establece la actual ley de plazos que lo sitúa en las 14 semanas de la concepción.

Volver a una ley restrictiva no elimina el problema. Antes bien, implica regresar al aborto en condiciones sanitarias aceptables para quienes puedan pagárselo en una clínica extranjera, y en condiciones míseras para quienes no puedan. Así ha ocurrido siempre, y entre las que viajaban a Holanda o a Gran Bretaña, estaban las hijas de altos dirigentes del régimen que decían perseguir esta conducta. Una ley restrictiva da paso, otra vez, a la hipocresía más abyecta.