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| Portada de las actas del I Congreso sobre la Laicidad en España |
Uno
de los pilares básicos de una sociedad democrática es la separación de las
religiones respecto del poder político. Las opciones ideológicas personales
deben quedar circunscritas al ámbito privado o, en todo caso, al espacio
público abierto, es decir, a la vía pública. Es lo que se conoce como LAICISMO,
un aspecto fundamental para medir la calidad democrática de cualquier sistema
político.
El
laicismo implica la independencia del Estado y sus instituciones de toda
influencia religiosa, lo que supone la creación de un espacio público único y
compartido con leyes comunes para todos. El Estado laico garantiza la libertad
plena, manteniendo a raya cualquier forma de presión corporativista. Implica,
asimismo, el reconocimiento de la pluralidad de convicciones, religiosas y no
religiosas, y el trato igual a todos los ciudadanos, sean éstos ateos,
agnósticos, indiferentes o creyentes en sus diversas vertientes. A todos ellos
se les reconoce la libertad de conciencia.
En
España, una serie de circunstancias y hechos acaecidos a lo largo de todo el
periplo democrático, comprometen el derecho a la libertad de conciencia y, por
consiguiente, la independencia del poder político respecto a las religiones.
Cuando las religiones invaden el ámbito del poder civil, aparece el
clericalismo que implica una grave merma en la calidad democrática de la
convivencia ciudadana. Entre esos hechos caben citarse los siguientes:
-La financiación de las distintas
confesiones religiosas con el erario público.
-La presencia de la religión
confesional en la escuela pública.
-La implicación religiosa
evidente de la familia real.
-La consagración de las Fuerzas
Armadas y de Orden Público a vírgenes o santos.
-La presencia de símbolos y de
signos confesionales en los organismos públicos y en los colegios electorales.
-Dar nombres religiosos a
colegios, hospitales y otras instituciones públicas.
-El juramento de los ministros y
otros cargos ante el crucifijo y en presencia de la autoridad eclesiástica.
-La presencia de autoridades políticas en el
ejercicio de su cargo en manifestaciones y ceremonias religiosas.
-La existencia de una legislación que
privilegia los derechos de los creyentes frente a los agnósticos, ateos,
racionalistas, etc.
-La determinación del calendario
laboral y escolar por las festividades religiosas.
-La excesiva presencia de las
grandes religiones en los medios de comunicación públicos.
Para
superar esta situación y contribuir a la efectiva separación de la esfera
pública política de toda influencia religiosa, deben ponerse en práctica, al
menos, las siguientes medidas:
-Promover una educación pública
científica y humanística, donde la formación religiosa confesional quede
excluida del currículo escolar oficial en todos los niveles educativos.
-Revisar el código penal para
suprimir cualquier consideración punitiva de la blasfemia u ofensa a las
creencias religiosas.
-Promulgar una ley de libertad de
conciencia que venga a sustituir a la actual Ley de libertad religiosa de 1980.
-Denunciar los Acuerdos del
Estado español con la Santa Sede; tanto los que versan sobre enseñanza y
asuntos culturales, como sobre asuntos jurídicos y económicos, dado que suponen
el reconocimiento de privilegios de diversos tipos para la Iglesia católica.
-Suprimir aquellos otros acuerdos
y normas que supongan un trato de favor para las confesiones religiosas u otras
opciones ideológicas, como el que regula la presencia de clérigos en las
Fuerzas Armadas y en los hospitales públicos; el que establece la asistencia
religiosa y los actos de culto en las escuelas; o la Ley orgánica sobre el
derecho de asociación que permite a “las iglesias, confesiones y comunidades
religiosas regirse por su legislación específica”.
-Poner fin a los privilegios
económicos concedidos a las confesiones religiosas con las que hay establecidos
acuerdos, como la exención del pago del IBI o del impuesto de sucesiones,
donaciones y transmisiones patrimoniales.
-Para que sean los propios creyentes
quienes sufraguen económicamente sus iglesias, suprimir el sostenimiento de
cualquier confesión religiosa con fondos del erario público. Así, ahora el
Estado abona las nóminas de capellanes castrenses u hospitalarios o de los
profesores de religión.
-Que en las instituciones
públicas y en los colegios electorales no haya símbolos religiosos.
-Suprimir las ceremonias
religiosas oficiales, como los funerales de Estado.
-Prohibir que los cargos públicos
puedan asistir de manera oficial y en el ejercicio de sus funciones
representativas, a ninguna ceremonia o manifestación de cualquier confesión
religiosa.
