(Viene de «PANORAMA DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA I (Informe OCDE 2025): PRESENTACIÓN»)
Hace veintisiete años, escribí esta carta al
director de El País:
«Mi hijo empieza este año a cursar primaria en
un colegio público: su aula está presidida por un crucifijo como en los rancios
tiempos de El florido pensil. Quienes, como él, no opten por recibir religión y
moral católicas, se verán obligados durante el tiempo en que la Iglesia utiliza
las instalaciones del colegio y el dinero público para expandir sus doctrinas,
a rellenar este hueco semanal en su horario de cualquier manera, pues en
algunos colegios no hay nada programado como alternativa o, contando con la
buena voluntad de algún maestro, recibirán algún taller de ajedrez o algo
similar. ¿Por qué no se impone la sensatez y se imparten las doctrinas fuera
del horario lectivo, impulsándose una materia de formación religiosa común para
todos los alumnos, que afronte el hecho religioso en toda su diversidad?
La próxima primavera, volverán las fiestas
religiosas y, con ellas, las procesiones de santos y vírgenes acompañados por
ayuntamientos de todos los colores políticos, con su alcalde, provisto siempre
de los símbolos del poder, a la cabeza de estas comitivas cívico-religiosas. Y
si nos perdemos algo, nuestra cadena pública autonómica nos tendrá puntualmente
informados del fervor mariano allá donde surja. Tanta grosería debe ofender
también a los creyentes no adocenados. ¿Dónde está el respeto a las minorías?
¿Es España un estado laico?» (El País. Cartas al director, 20 de octubre de
1999)
¿Qué ha cambiado en estos casi
treinta años de democracia?
La enseñanza de la fe religiosa católica,
judía o musulmana por parte de ministros –sean pastores, sacerdotes, imanes u
otras personas designadas por las autoridades religiosas— sigue estando
presente en el currículo oficial y, por consiguiente, sigue impartiéndose tanto
en colegios e institutos públicos como privados-concertados o privados sin
subvención. Esto supone que quienes no desean recibir ese tipo de contenidos,
deben ocupar ese tiempo del horario semanal –una hora, al menos— en contenidos
de otro tipo, normalmente, formación en valores cívicos. Por otra parte, el
Estado español es quien abona las nóminas de estos “profesores” –catequistas,
más bien— al servicio de una opción ideológica personal, como es la
religiosidad. Esto supone una grave anomalía en el sistema educativo español en
relación con la mayoría de los sistemas de los demás países europeos; no solo
Francia –un país que protege la laicidad como valor constitucional esencial—,
sino incluso en un estado teocrático como es el caso del Reino Unido. En
España, como venimos denunciando desde hace más de treinta años, son los
Acuerdos con el Vaticano los que amparan esta situación, así como otras
prerrogativas que suponen una clara discriminación positiva hacia la Iglesia
católica en detrimento de otras asociaciones, colectivos u opciones
ideológicas: el que sus edificios no paguen el IBI, por ejemplo, aun tratándose
de negocios como un hotel o un párking público con más de 100 plazas –es el
caso de los aparcamientos que, en las calles Sócrates y Pedro Antonio de Alarcón de
Granada, explotan desde hace años dos colegios religiosos—.
Desde los primeros años 2000, asociaciones
como “Pi i Margall por la Enseñanza Pública y Laica” o “Europa Laica”, han
expresado su enérgica protesta por esta situación que vulnera la neutralidad de
un Estado democrático aconfesional como el nuestro. Han denunciado también
estos acuerdos preconstitucionales –pues, aunque fueron aprobados en los
primeros días de enero de 1979, tras el referéndum constitucional de diciembre
del 1978, fueron negociados y redactados previamente, recogiendo beneficios y privilegios
que han sido señalados como inconstitucionales por parte de expertos
constitucionalistas como Gregorio Peces Barba, uno de los siete padres de
nuestra ya achacosa Constitución—.
Así, en la última reforma educativa llevada a cabo por la ministra Celáa (PSOE), bajo la presidencia de Pedro Sánchez, aunque la religión deja de contar para la promoción de curso y para el cálculo de la calificación de cara a la obtención de becas o ingresos en estudios superiores, sin embargo, sigue gozando de esa presencia en el currículo y en el horario semanal al que antes aludíamos, permaneciendo al mismo tiempo como una asignatura evaluable más. La única solución razonable sería la salida del currículo y su sustitución por una formación en historia de las religiones impartida exclusivamente por personal funcionario público con la formación universitaria adecuada.
(Para leer "Panorama de la educación en España 2012", clicar AQUÍ)
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