Día de la Constitución: nada que celebrar

Artículo 35.

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

El paro en España supera el 25% por primera vez en la historia. En 16 provincias es de un 30% y alcanza un récord del 41% en Ceuta. Ya hay 1.7 millones de familias con todos sus miembros en paro. Estamos a la cola de Europa: España es, junto a Grecia, el país de la eurozona con más paro. No obstante, fuera de la UE tampoco hay muchos países con más de un 25% de desempleo en el mundo desarrollado.

Artículo 47

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Más de 400.000 desahucios han sido ordenados por los jueces en España desde que se inició la crisis en 2008.

Artículo 39

1º.- Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.

El 82% de las viviendas desahuciadas eran el hogar de, al menos, un menor de edad.

Comunicado del Defensor del Pueblo Andaluz: “Me siento en la obligación moral de denunciar públicamente la persistencia en nuestro país de una regulación de los procesos de ejecución por impago de deudas hipotecarias que, además de ser manifiestamente injusta y anacrónica, está contribuyendo a agravar las consecuencias de la crisis económica para muchas familias andaluzas al abocarlas a la marginalidad y la exclusión social.”

Artículo 128

Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

Los bancos que realizan más ejecuciones hipotecarias a las familias sin recursos son Bankia (16%), BBVA (12%), Banco Santander (10%), Caixabank (8%), la CAM (7%), Catalunyacaixa (6%), Banca Cívica, Banesto y Caixa Penedés (con un 4% cada una) y Unnim (3%). La banca española habrá recibido desde el principio del proceso de reestructuración del sector, ayudas por valor de 91.059 millones de euros (desde la intervención de CCM en 2009, hasta 2014). Cada ciudadano ha aportado 1.846 euros al saneamiento de la banca.

Artículo 135 (Modificación de la Constitución)

1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.

2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

Este nuevo artículo, aprobado por PSOE, PP y UPN, al margen de la ciudadanía, sin convocar un referéndum vinculante, supone un golpe de Estado encubierto que deja indefenso al país en manos de los poderes financieros internacionales y que tiene como consecuencia directa e inmediata el desmantelamiento de las garantías sociales, que son la base de nuestra actual Constitución. ¿Qué lleva consigo esta reforma?

1: LIMITAR EL TECHO DE GASTO

Limitar el déficit merma la capacidad de financiación del Estado y con ello principalmente los gastos sociales (pensiones, sanidad, educación, transportes, cuerpo de bomberos, salario de funcionarios, etc…)

2: PRIORIDAD ABSOLUTA AL A BANCA

Con el nuevo artículo 135, cuando un municipio, diputación, comunidad o el Estado central esté en una situación difícil, por tener muchas deudas y obligaciones de pago, cada euro de ingresos que entre en tesorería tendrá que ir destinado a pagar la deuda e intereses, no pudiendo pagar sueldos, pensiones, prestaciones,… ni ningún otro gasto hasta que no se haya cubierto totalmente dicho importe.

3: NO SE PODRÁ NEGOCIAR

Además, en el caso de un ataque especulativo o un cierre de mercados, ni pensionistas, ni trabajadores podrán cobrar.

La conclusión final del análisis del artículo 135 es que su aplicación significa LA ABOLICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. Si el Estado no puede pagar absolutamente nada, ni negociar, ni mantener los servicios públicos, ni el país en funcionamiento, TODOS los demás artículos de la constitución quedan en NADA.