Privatización es corrupción

Koldo, Ábalos y Cerdán

©El País

"Privatización es corrupción" era el lema escrito en la pancarta de una manifestación de empleados del Ayuntamiento de Córdoba que protestaban por la externalización de servicios públicos en esa institución. Venía sucediendo ya en el consistorio cordobés con alcaldes de Izquierda Unida. 

Me parece que describe bien lo que está pasando ahora, y de una forma masiva, en diversas comunidades autónomas del país. Los servicios básicos vinculados a derechos fundamentales, como la salud, la educación, la vivienda, las pensiones o la atención a la dependencia, están siendo abandonados al desbarajuste de la ley de mercado que, como todo el mundo sabe, es la ausencia completa de normas inspiradas por valores morales, los que nos hacen humanos, los que nos protegen del cruel imperio del más fuerte. 

Robar y malversar dinero público es corrupción, pero también lo es derivar ingentes cantidades de dinero desde las arcas comunes a empresas privadas, que no van a prestar sus servicios atendiendo a una lógica de derechos y de ayuda a la comunidad, sino a una estrategia de beneficios económicos. Porque, desde un punto de vista estrictamente material, educar y velar por la salud, especialmente la de los que no son ricos, no es rentable sino más bien ruinoso. Por eso debe ser el Estado quien asuma esas funciones. Salvo que deseemos regresar a las tierras de penumbra, al sálvese quien pueda, desmontando todo lo que se ha ido construyendo en las sociedades democráticas en doscientos años de lucha y de sacrificio en pos de un mundo donde no sean solo unos pocos quienes puedan vivir con desahogo, que no con dignidad, pues esta solo es posible si se edifica sobre una fraternidad universal que no excluye a nadie, y digo bien, a nadie, pues se trata de principios que o son categóricos o dejan de ser principios. 

En lo público, la justicia y la corrupción tienen que ver tanto con el latrocinio desvergonzado, como con de dónde se obtiene el dinero y a qué se destina. 

Por ejemplo, suprimir en Andalucía los impuestos de patrimonio y de sucesiones --con el consiguiente detrimento de 90 millones de euros anuales desde 2022 en los presupuestos de la Junta-- para, acto seguido, eliminar 500 plazas de atención temprana para niñas y niños con discapacidades graves en el Hospital de San Rafael de Granada (leer la noticia) supone tanta corrupción como sonsacar un 3 por ciento a una empresa para otorgarle una obra pública, que es lo que venía haciendo el trío calavera del PSOE. 

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