Por la ley de libertad de conciencia




El 9 de junio, Zapatero visitó a Benedicto XVI en el Vaticano. Al día siguiente leí en prensa que el Papa le había pedido que abandonara el proyecto de Ley de libertad religiosa y de conciencia. Días después, para sorpresa de los poco avisados, se remite al limbo este proyecto que, impulsado por algunos diputados socialistas, se venía gestando desde el comienzo de la legislatura. Se arguye que su tramitación no urge.
Yo pienso que, treinta años después, ha llegado el momento de legislar en este asunto a la vista del permanente debate en que se vive a cuenta de crucifijos, burkas y otros símbolos. Creo también que la ciudadanía está madura para asumir esa ley con normalidad. Ahí están los colectivos laicistas (Acel de Valladolid, Granada Laica, Europa Laica, y un largo etcétera), sindicatos, asociaciones de la enseñanza (como Ceapa o el propio Consejo Escolar del Estado), o de la judicatura (como Jueces para la Democracia), y algún partido político. Llevan décadas exigiendo, por mor de una mayor calidad democrática, una clara neutralidad en las instituciones públicas respecto a las creencias personales (que no una persecución u ocultación del hecho religioso, como pretenden algunos). Porque la democracia no es un concepto unívoco, como el de 'ser' (se tiene el ser o la nada), sino que, como el de 'bondad', admite matices y grados pues nombra un estado perfectible.
Dicha neutralidad ideológica implica, en mi opinión, al menos, estos aspectos:
• Suprimir los símbolos religiosos en las instituciones (ayuntamientos, hospitales, colegios, cuarteles, tribunales, universidades).
• Suprimir las ceremonias religiosas en actos de Estado, como funerales.
• Acabar con la presencia de cargos públicos en manifestaciones religiosas (cuando lo hagan en el ejercicio de sus funciones, y no a título personal).
• Denunciar los pre-constitucionales Acuerdos con la Santa Sede, pues otorgan privilegios económicos y educativos a la Iglesia católica (que no extensión de los mismos a otras confesiones, como pretenden los partidarios del “laicismo positivo”).
• Eliminar de la enseñanza pública la formación religiosa doctrinaria (que no la explicación filosófica e histórica del hecho religioso por profesores independientes).
• Suprimir la casilla de la Iglesia católica en la declaración del IRPF: que sean los creyentes quienes sufraguen los gastos de sus Iglesias con sus propios ingresos, y no detrayendo parte de sus impuestos (pues éstos deben destinarse en exclusiva al interés común).
Respecto a la prohibición del velo islámico, estimo más oportuna la integración que la exclusión, pues ésta conduce al atrincheramiento integrista en las propias posiciones. (El burka es otra historia, pues sí supone una evidente vejación de la mujer.) Por cierto, ¿alguien se plantea prohibir el acceso a los colegios a las monjas católicas por el hecho de ir siempre bajo tocado o velo, símbolo de su mística unión con Cristo?

ROJO Y NEGRO DIGITAL, Julio de 2010