Panorama de la educación en España III: presencia de la religión en la escuela pública (III de III)

 (Viene de «PANORAMA DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA I (Informe OCDE 2025): PRESENTACIÓN»)

©El Roto-El País, 18-07-2026

Tras este repaso a algunos de los resultados más destacables del sistema educativo español en relación con otros países de la OCDE, queremos preguntarnos ahora por un elemento muy importante y distorsionador de los objetivos de la enseñanza pública, tanto en sus etapas obligatorias como postobligatorias: ¿Qué ocurre con la religión? ¿Sigue la catequesis –católica, musulmana, evangélica y judía— en el currículo oficial de la educación pública española? Y los acuerdos preconstitucionales con el Estado Vaticano, ¿siguen en vigor? La respuesta a ambas cuestiones es que sí.

Hace veintisiete años, escribí esta carta al director de El País:

«Mi hijo empieza este año a cursar primaria en un colegio público: su aula está presidida por un crucifijo como en los rancios tiempos de El florido pensil. Quienes, como él, no opten por recibir religión y moral católicas, se verán obligados durante el tiempo en que la Iglesia utiliza las instalaciones del colegio y el dinero público para expandir sus doctrinas, a rellenar este hueco semanal en su horario de cualquier manera, pues en algunos colegios no hay nada programado como alternativa o, contando con la buena voluntad de algún maestro, recibirán algún taller de ajedrez o algo similar. ¿Por qué no se impone la sensatez y se imparten las doctrinas fuera del horario lectivo, impulsándose una materia de formación religiosa común para todos los alumnos, que afronte el hecho religioso en toda su diversidad?

La próxima primavera, volverán las fiestas religiosas y, con ellas, las procesiones de santos y vírgenes acompañados por ayuntamientos de todos los colores políticos, con su alcalde, provisto siempre de los símbolos del poder, a la cabeza de estas comitivas cívico-religiosas. Y si nos perdemos algo, nuestra cadena pública autonómica nos tendrá puntualmente informados del fervor mariano allá donde surja. Tanta grosería debe ofender también a los creyentes no adocenados. ¿Dónde está el respeto a las minorías? ¿Es España un estado laico?» (El País. Cartas al director, 20 de octubre de 1999)

 ¿Qué ha cambiado cuando han pasado casi treinta años y nuestra democracia se acerca a la cincuentena?

La enseñanza de la fe religiosa católica, judía, evangélica o musulmana por parte de ministros –sean un sacerdote, un rabino, un pastor, un mulá, o cualesquiera otras personas designadas por las autoridades religiosas— sigue estando presente en el currículo oficial y, por consiguiente, sigue impartiéndose tanto en colegios e institutos públicos como privados-concertados, sostenidos también con fondos públicos. Esto supone que quienes no desean recibir ese tipo de doctrinas, deben ocupar ese tiempo del horario semanal –una hora, al menos— en contenidos de otro tipo, que no serán curriculares –como mucho, formación en valores cívicos—, dado que esas autoridades religiosas también se meten en cuáles deben ser los temas abordados en esa asignatura alternativa. Por otra parte, el Estado español es quien abona las nóminas de estos “profesores” –catequistas, más bien— al servicio de una opción ideológica personal, como es la fe o creencia religiosa. Esto supone una grave anomalía en el sistema educativo español en relación con la mayoría de los sistemas de los demás países europeos; no solo Francia –un país que protege la laicidad como valor constitucional esencial—, sino incluso en un estado teocrático como es el caso del Reino Unido.

En España, como venimos denunciando desde hace más de treinta años, son los Acuerdos con el Vaticano los que amparan esta situación educativa anómala. Pero, además, tales acuerdos sancionan otras muchas prerrogativas que suponen una clara discriminación positiva hacia la Iglesia católica en detrimento de otras asociaciones, colectivos u opciones ideológicas: por ejemplo, que sus edificios no paguen el IBI, aun tratándose de negocios como un hotel o un párking público con más de 200 plazas –es el caso de los aparcamientos que, en las calles Sócrates y Pedro Antonio de Alarcón de Granada, explotan desde hace años dos colegios religiosos—. O que el Estado abone las nóminas de miles de capellanes del ejército y hospitales. O que la Iglesia católica se sirva cada año del personal y los recursos de la Agencia Tributaria para recaudar parte de sus fondos a través de la declaración del IRPF.

Desde los primeros años 2000, asociaciones como “Pi i Margall por la Escuela Pública y Laica” --que fundamos en Motril un grupo de madres, padres y educadores, y tuve el honor de presidir-- o “Europa Laica”, han expresado su argumentada y justa protesta por esta situación que vulnera la neutralidad de un Estado democrático aconfesional como debe aspirar a ser el nuestro. Han denunciado también esos acuerdos preconstitucionales –pues, aunque fueron aprobados en los primeros días de enero de 1979, tras el referéndum constitucional de diciembre del 1978, fueron negociados y redactados previamente, recogiendo beneficios y privilegios que han sido señalados como inconstitucionales por parte de expertos constitucionalistas como Gregorio Peces Barba, uno de los siete padres de nuestra ya achacosa Carta Magna—.

A un Estado democrático le debe preocupar la formación en valores éticos y cívicos de sus miembros, pues necesita ciudadanos racionales y libres, respetuosos con las normas y con los derechos humanos universales, conscientes de la importancia del respeto a la vida animal y al medio ambiente, y capaces de un desarrollo personal satisfactorio, lo que incluye también una educación para la salud corporal y mental. Se trata de valores fundados en la racionalidad común, compartida, alcanzados a través del diálogo y el consenso. Sin embargo, los valores (¿antivalores?) que las religiones puedan difundir es algo que, a un Estado de derecho debe resultarle, cuando menos, indiferente y, en algunos casos, hasta peligroso y perseguible por su frecuente carácter xenófobo, intolerante, iliberal, supremacista, supersticioso, violento, machista, homófobo, y un largo y tenebroso etcétera. Sí debe garantizar, por el contrario, una educación cívica para todos, basada en esos valores compartidos a que hemos aludido.  

En la última reforma educativa llevada a cabo por la ministra Celáa (PSOE), bajo la presidencia de Pedro Sánchez –LOMLOE, 2020—, aunque la religión deja de contar para la promoción de curso y para el cálculo de la calificación de cara a la obtención de becas o ingresos en estudios superiores –¡faltaría más!—, sin embargo, sigue gozando de esa presencia en el currículo y en el horario semanal al que antes aludíamos, permaneciendo al mismo tiempo como una asignatura evaluable más. Aunque el Estado dejó en manos de las autonomías la decisión de dónde ubicar la religión en el horario semanal, la realidad es que seis años después la religión sigue presente en los 12 cursos de la enseñanza primaria y secundaria –ESO y Bachillerato— con, al menos, una hora semanal. Esto supone un total de ¡¡450 horas!! de religión a lo largo de la enseñanza básica (1).

Sólo cabe decretar la salida del adoctrinamiento religioso del currículo y su sustitución por una formación en historia de las religiones impartida exclusivamente por personal funcionario público con la formación universitaria adecuada. 

(1) Si, a poco más de un año de que nuestra democracia se convierta en una madura señora de cincuenta años, no hemos sido capaces aún de revisar los Acuerdos con el Vaticano --que son sustancialmente los mismos que firmó en los años cincuenta el dictador Franco--, ni de suprimir el adoctrinamiento religioso en la aulas, ni de darnos una necesaria Ley de libertad de conciencia que permita evitar el espectáculo bochornoso de artistas y humoristas llevados al juzgado por un trasnochado delito de ofensa a creencias sacrosantas, ni tampoco hemos sido capaces de abordar reformas constitucionales tan profilácticas como la supresión de la inviolabilidad e irresponsabilidad del monarca-Jefe del Estado; ni de impedir la impunidad de jueces que hacen política; ni tan siquiera de plantear de una vez la necesidad de un referéndum sobre el modelo de Estado que desean la mayoría --república o monarquía--; y si, además, todo esto sigue sucediendo después de más de ocho años de un gobierno de coalición de izquierdas, entonces podemos concluir que hay graves motivos de preocupación en torno a la salud democrática de nuestro país. 

(Para leer "Panorama de la educación en España 2012", clicar AQUÍ) 

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