Regeneración democrática: la laicidad pendiente

Portada de las actas del I Congreso sobre la Laicidad en España

            Uno de los pilares básicos de una sociedad democrática es la separación de las religiones respecto del poder político. Las opciones ideológicas personales deben quedar circunscritas al ámbito privado o, en todo caso, al espacio público abierto, es decir, a la vía pública. Es lo que se conoce como LAICISMO, un aspecto fundamental para medir la calidad democrática de cualquier sistema político.

            El laicismo implica la independencia del Estado y sus instituciones de toda influencia religiosa, lo que supone la creación de un espacio público único y compartido con leyes comunes para todos. El Estado laico garantiza la libertad plena, manteniendo a raya cualquier forma de presión corporativista. Implica, asimismo, el reconocimiento de la pluralidad de convicciones, religiosas y no religiosas, y el trato igual a todos los ciudadanos, sean éstos ateos, agnósticos, indiferentes o creyentes en sus diversas vertientes. A todos ellos se les reconoce la libertad de conciencia.

            En España, una serie de circunstancias y hechos acaecidos a lo largo de todo el periplo democrático, comprometen el derecho a la libertad de conciencia y, por consiguiente, la independencia del poder político respecto a las religiones. Cuando las religiones invaden el ámbito del poder civil, aparece el clericalismo que implica una grave merma en la calidad democrática de la convivencia ciudadana. Entre esos hechos caben citarse los siguientes:

-La financiación de las distintas confesiones religiosas con el erario público.

-La presencia de la religión confesional en la escuela pública.

-La implicación religiosa evidente de la familia real.

-La consagración de las Fuerzas Armadas y de Orden Público a vírgenes o santos.

-La presencia de símbolos y de signos confesionales en los organismos públicos y en los colegios electorales.

-Dar nombres religiosos a colegios, hospitales y otras instituciones públicas.

-El juramento de los ministros y otros cargos ante el crucifijo y en presencia de la autoridad eclesiástica.

-La presencia de autoridades políticas en el ejercicio de su cargo en manifestaciones y ceremonias religiosas.

-La existencia de una legislación que privilegia los derechos de los creyentes frente a los agnósticos, ateos, racionalistas, etc.

-La determinación del calendario laboral y escolar por las festividades religiosas.

-La excesiva presencia de las grandes religiones en los medios de comunicación públicos.

           

            Para superar esta situación y contribuir a la efectiva separación de la esfera pública política de toda influencia religiosa, deben ponerse en práctica, al menos, las siguientes medidas:

-Promover una educación pública científica y humanística, donde la formación religiosa confesional quede excluida del currículo escolar oficial en todos los niveles educativos.

-Revisar el código penal para suprimir cualquier consideración punitiva de la blasfemia u ofensa a las creencias religiosas.

-Promulgar una ley de libertad de conciencia que venga a sustituir a la actual Ley de libertad religiosa de 1980.

-Denunciar los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede; tanto los que versan sobre enseñanza y asuntos culturales, como sobre asuntos jurídicos y económicos, dado que suponen el reconocimiento de privilegios de diversos tipos para la Iglesia católica.

-Suprimir aquellos otros acuerdos y normas que supongan un trato de favor para las confesiones religiosas u otras opciones ideológicas, como el que regula la presencia de clérigos en las Fuerzas Armadas y en los hospitales públicos; el que establece la asistencia religiosa y los actos de culto en las escuelas; o la Ley orgánica sobre el derecho de asociación que permite a “las iglesias, confesiones y comunidades religiosas regirse por su legislación específica”.

-Poner fin a los privilegios económicos concedidos a las confesiones religiosas con las que hay establecidos acuerdos, como la exención del pago del IBI o del impuesto de sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales.

-Para que sean los propios creyentes quienes sufraguen económicamente sus iglesias, suprimir el sostenimiento de cualquier confesión religiosa con fondos del erario público. Así, ahora el Estado abona las nóminas de capellanes castrenses u hospitalarios o de los profesores de religión.

-Que en las instituciones públicas y en los colegios electorales no haya símbolos religiosos.

-Suprimir las ceremonias religiosas oficiales, como los funerales de Estado.

-Prohibir que los cargos públicos puedan asistir de manera oficial y en el ejercicio de sus funciones representativas, a ninguna ceremonia o manifestación de cualquier confesión religiosa.